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Un juez de Esquel ordenó la paralización urgente de los trabajos y obras en la mina de oro El Desquite

21 de febrero de 2003, Diario La Nación

 

 

Un juez de Esquel ordenó la paralización urgente de los trabajos y obras en la mina de oro El Desquite, tras hacer lugar a una medida cautelar presentada en diciembre pasado por un grupo de vecinos autoconvocados que se oponen al proyecto aurífero de la empresa canadiense Meridian Gold.

"Para tomar esta resolución nos basamos en las mandas constitucionales y en la ley provincial 4032, que establece claramente los pasos que se deben seguir para garantizar que proyectos de estas características no provoquen un impacto ambiental negativo", manifestó a La Nación el juez en lo Civil Claudio Alejandro Petris, autor de la medida que abrió una nueva instancia en torno del polémico proyecto minero.

La respuesta de la empresa no se hará esperar. Esta semana presentarán una apelación a la decisión judicial en la que destacarán "la violación al Código Minero nacional al que adhirió Chubut y la defensa de los derechos adquiridos de la empresa", expresó Natalia Moscardi, gerente de Recursos Humanos de la mina El Desquite.

 

Meridian Gold evalúa una estrategia para evitar el previo paso por la Cámara de Apelaciones de Esquel. Moscardi anticipó que "como está involucrado el gobierno de la provincia, podríamos recurrir directamente al Superior Tribunal de Chubut". Las polémicas que rodean al proyecto minero alcanzaron ahora la instancia judicial.

 

Dos semanas atrás, el intendente de Esquel, Rafael Williams, vetó una ordenanza que prohibía el uso del cianuro dentro del ejido urbano de esta ciudad. La decisión dio un respiro a Meridian, que encuentra las mayores resistencias en la utilización de este producto y de agua potable en la planta de tratamiento para el procesamiento del oro.

 

Esta semana, el juez Petris decidió avalar la acción de amparo ambiental presentada el 16 de diciembre por un grupo de vecinos de Esquel que se oponen a la mina El Desquite, localizada a 7 km del centro de esta ciudad.

El juez quiere garantizar que el proyecto minero no provocará un impacto ambiental negativo sobre la zona. En la empresa, Moscardi afirmó que "las tareas de exploración, que se realizan desde 1997 con todos los pedidos de autorización exigidos, tienen un carácter provisional y exigen contar con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que otorga la autoridad provincial y Dirección General de Minas y Geología. Todas las tareas realizadas hasta el momento cuentan con la correspondiente autorización".

 

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