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SITUACION AMBIENTAL ARGENTINA MINERIA EN JUJUY |
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Por
L. Arturo Pizzolon
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| Orosmayo y Liviara son comunidades de alrededor
de 40 familias cada una, situadas a 4000 m snm y a 108 km de Abra Pampa
y para llegar allí el camino serpentea hasta los 4800 m. Ambas comunidades
se encuentran a la orilla del río Orosmayo, cuyas aguas alimentan al Pilcomayo,
luego de recorrer un tramo en territorio boliviano. Su economía se basa
en la cría de llamas, cabras y ovejas, y en la venta de lanas, tejidos y
carne. Los cultivos son viables solamente entre octubre y abril y en invenáculo.
Durante el resto del año el frío no lo permite; los vientos son muy fuertes
en primavera, por lo que se requieren invernáculos muy robustos. La existencia
de oro es conocida desde muy antiguo y la minería, a pequeña escala, se
practica desde los inicios de la colonización, y aún desde el período incaico. Hacia el 2001 se produjo la reactivación de las
actividades mineras, a cargo de la empresa Luis Losi S.A., de Paraná (Entre
Ríos). La empresa Losi, es una empresa vial, que decide incursionar en
minería, por falta de trabajo en su especilidad. De hecho el proyecto
Orosmayo (minas Rufino, Rosa y José) está planteado como un simple trabajo
de remoción y excavación de sedimientos aluvionales y fluviales y separación
de pepitas de oro por tamizado. El proyecto minero mencionado es un proyecto
a muy pequeña escala: según datos porporcionados por un empleado de la
empresa, no se llegó a extraer más de 1 kg de oro por día en los mejores
momentos. Sin embargo, los datos son confusos y el mismo gobierno manifestó
la necesidad de conocer con precisión el monto de lo extraído. Territorios aborígenes y minería: aspectos legales El origen del proyecto se pierde en las connivencias
entre la empresa Losi y el gobierno jujeño. Basta decir que la empresa
llevó a cabo el EIA (Estudio de Impacto Ambiental) en pleno período de
explotación, como una mera formalidad o trámite para quedar legalmente
protegidos. Las concesiones (pedimentos) de exploración minera en la Puna
han sido obtenidas por tres personas: Yolanda López, el Ing. Benicio y
Carlos Mir. Sólo en el río Orosmayo existen 48 pedimentos. En Orosmayo-Liviara,
dichas personas cedieron a la empresa Losi el derecho de explotación a
cambio del 15 % de lo extraído. Todo este procedimiento es ilegal, debido
a que se trata de territorios aborígenes y los mismo tienen una legislación
propia, reconocida en la Constitución Nacional de 1994. El fallo judicial de julio del 2003, desfavorable
al amparo presentado por la comunidad de Orosmayo, se atiene a que los
derechos consagrados en la Constitución, no se aplican de inmediato, sino
que necesitan de leyes que los reglamenten. Los especialistas más relevantes
en Derecho Constitucional sostienen en cambio lo contrario ((en términos
técnicos, que son derechos operativos). El aislamiento de la comunidad impide que los
pobladores estén informados y que puedan enterarse de los edictos oficiales
que se publican en San Salvador de Jujuy (SSJ) y que tienen 30 días de
plazo para presentar oposiciones. Además la costumbre de denominar a las
minas con nombres de fantasía, hace que los pobladores no puedan ubicar
el lugar en que se encuentran y si las mismas afectan a sus intereses.
Un viaje a SSJ para averiguarlo, por lo menos les lleva 5 días entre ida
y vuelta si lo hacen en medios públicos. Daños ambientales: observaciones en el lugar
y referencias de los pobladores La mayor parte de los tres kilómetros del río
Orosmayo que separan Orosmayo de Liviara, se encuentran altamente impactadas
por la actividad de la empresa Losi. A ambos lados del río existían numerosos
mallines o "ciénagas" como se las denominan localmente, es decir
áreas con subsuelo húmedo y ricas en pastos, especialmente aptas para
el pastaje del ganado. Pudo observarse la destrucción completa del lecho
del río y de las áreas marginales, utilizadas anteriormente como áreas
de pastoreo. El material, preponderantemente aluvional, ha sido removido,
transportado y tamizado con uso de maquinaria vial (Foto). El trabajo
de las maquinarias dejó excavaciones muy hondas llenas de agua, donde
cayeron y murieron ahogados o envenenados muchos animales. Estas excavaciones
fueron tapadas posteriormente (Fotos), ante la protesta de los perjudicados.
Como consecuencia del proyecto el curso de río ha sido altamente modificado,
se produce un gran aumento de la turbidez aguas abajo de los sitios removidos,
incluso en estos momentos en que los trabajos se encuentran paralizados. Desde el inicio de la extracción han muerto más
de 1100 animales a lo largo de 30 km del río y aún continúan muriendo.
La mortandad afecta a ovejas, cabras y llamas, en el orden mencionado
y en forma particular a las crías. Según los pobladores, los animales
morían de 5 a 10 por vez. A las ovejas "se les reventaban los pupos
y se les salían las tripas". La mortandad de animales en la Puna
suele ser alta, por factores naturales, sequías u otros. Pero lo que los
pobladores están refieriendo aquí son muertes con síntomas extraños y
un aumento excesivo de mortandad, mucho más allá de lo usual. También
mencionaron una gran mortandad de truchas, que aparecieron a la orilla
del río. Con respecto a la salud humana, ocho niños fueron
llevados en estado de gravedad, hasta Abra Pampa, y luego hasta Jujuy,
y en algún caso hasta Salta, por el simple hecho de haberse bañado en
el río o haberlo cruzado para ir a la escuela. Presentaron cuadros de
vómitos (con aspecto de carne molida), convulsiones y diarreas. Los facultativos
dijeron que se trataba de una intoxicación por materia fecal. La empresa
no había construido sanitarios y todos los mineros (alrededor de 50) hacían
sus necesidades al aire libre. Dichos sanitarios se construyeron posteriormente
por los reclamos. La extensión de los impactos se hizo sentir hasta
más de 100 km aguas abajo, ya en territorio boliviano, en la comunidad
de Río Seco, a orillas del río San Juan de Oro. Los pobladores de dicha
comunidad enviraron una nota al presidente de la comunidad de Liviara
con fecha del 10 de Octubre de 2002, mencionando daños crecientes en la
salud de los pobladores ("diarrea, dolor e hinchazón de garganta"),
mortandad de ganado, "daños en los sembradíos y extinción de los
animales acuáticos, como ser Peces, Patos, Huallatas, y otros". En
la misma se indica que se están utilizando químicos "lo cual es totalmente
dañino a nuestras salud y a la de los seres vivientes que habitamos permanentemente
a las orillas del río San Juan de Oro" y le dicen al Presidente de
la comunidad de Liviara que si la empresa no deja de utilizar esos químicos
ellos se verían obligados a denunciar los hechos al "Ministerio de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de nuestro paiz". Químicos sí, químicos no Según el EIA presentado por la empresa, no se
utilizan químicos en ninguna fase del proceso, afirmando que solo se utilizaron
medios mecánicos. Los primeros análisis de aguas fueron realizados en
Aguas de los Andes, empresa provincial proveedora de agua potable. Estos
arrojaron resultados positivos para mercurio, cianuro y plomo, pero análisis
posteriores, solicitados por la empresa minera, también a Aguas de los
Andes, no evidenciaron contaminación alguna, hecho que los damnificados
interpretan que, por tratarse de una empresa provincial, y por estar el
gobierno de la provincia a favor de la empresa minera, carecen de validez.
Curiosamente, un empleado de la misma empresa señalaba en una entrevista
al diario Pregón, que los "químicos se utilizaban en otra parte",
pero sin especificar donde. También se realizaron estudios por parte de la
empresa en un laboratorio de Bahía Blanca, con resultados negativos. Los
pobladores, sin embargo, solicitaron un estudio a un laboratorio de Tucumán
que confirmó los datos inciales sobre la presencia de metales pesados.
Un estudio adicional, solicitado por la comunidad de Liviara a la consultora
NSC de Buenos Aires, a quien eligió como perito de partes, no evidenció
contaminación. Sin embargo, los análisis de vísceras de animales muertos,
realizados posteriormente en colaboración con la Administración de Parques
Nacionales, en un laboratorio certificado de S. M. de Tucumán, indicaron
la presencia de mercurio en las vísceras. Los resultados de las muestras
duplicadas que tomó el gobierno de la provincia en la misma ocasión, nunca
llegaron. |
SITUACION AMBIENTAL ARGENTINA
LA OPINION DE DSOSTENIBLE
NO |
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Incumplimiento de las leyes ambientales La empresa minera nunca tramitó el permiso para
el uso de agua pública. Siendo que utilizó todo el caudal del caudal del
río devolviéndolo en condiciones lamentables, como lo menciona la pericia
realizada por la consultora NSC, presentada ante el Tribunal Contencioso
Administrativo de la Provincia de Jujuy. El EIA realizado en 1997 no incluye las minas
Rufino, Rosa y José, por lo tanto se estuvo trabajando en ellas sin el
EIA previo exigido por ley. Cabe mencionar que este estudio, solicitado
por los titulares del pedimento, Yolanda López , Calos Mir y Benicio,
fue realizado por la consultora del Ing. Villafañe, Director de Medio
Ambiente, en una situación de clara incompatibilidad con su función pública.
El depósito de caución, obligatorio por ley en muchos paises, en previsión
de daños ambientales, accidentes de consideración o quiebra, es algo que
ni siquiera se menciona. Impactos sociales La situación planteada para las comunidades de
Orosmayo y Liviara es similar a la que potencialmente afecta a más de
120 comunidades kollas en cuyas tierras se proponen proyectos similares
o de escala mucho mayor. Liviara quiso negociar algún beneficio en compensación
por los daños ambientales, pero se les negó rotundamente cualquier derecho
a establecer acuerdos con la empresa. Incluso la "respresentante"
kolla de la comunidad de Orosmayo en SSJ pretende cuestionar el actual
acuerdo de la comunidad con la nueva empresa que continuaría con el proyecto. El desembarco de los proyectos mineros tiene
un impacto tremendo en estas comunidades tan pequeñas y aisladas y puede
cambiar totalmente la vida de la comunidad, que termina polarizándose
alrededor de una sola cuestión: minería sí o minería no. Tal es el caso
de Orosmayo, donde la comunidad está una mitad a favor del proyecto y
la otra en contra. Esta división no fue casual, sino que fue buscada y
provocada por el gobierno y la empresa, según los pobladores, para poder
acceder a las tierras comunitarias. Todo esto por intermedio de un personaje
turbio, Nimia Apaza, escribana, recientemente abogada, que es apoderada
de la comunidad de Orosmayo en SSJ. Sin embargo, según múltiples referencias
recogidas, su accionar parece estar más ligado a sus intereses particulares
que a la defensa de sus apoderados. De hecho sus actos aparecen como si
fuera empleada de la empresa minera. La mencionada "apoderada" montó en
Orosmayo una farsa de destitución del presidente electo de la comunidad,
Sabino Trejo, y su reemplazo por el vicepresidente, Pedro Guitian, en
flagrante incompatibilidad de funciones, ya que el mismo era también empleado
y delegado de la empresa minera. Sabino Trejo sufrió muchas clases de
injurias, además de encontrarse actualmente procesado por negarse a entregar
documentación cuya custodia le compete como presidente electo. El amparo
ambiental presentado por la comunidad de Orosmayo, lo desiste luego la
misma comunidad, a instancias de N. Apaza, que no ha escatimado medios
para aplastar cualquier oposición o cuestionamiento al proyecto minero.
Su accionar ha sido denunciado incluso por el obispado de Humahuaca. En
estos poblados suele haber un destacamento policial, generalmente sin
personal, pero llegaron a enviar hasta 14 policías en las reuniones comunitarias
de Orosmayo, con el único objeto de amedrentarlos. En Liviara, hubo amenazas verbales al presidente
de la comunidad y agresiones físicas, en particular por el administrador
de la firma Losi, el Ing. Jorge Bragantini. "Quiso ahorcar a Vilma
Trejo, le dio una trompada en la cabeza a Juan Carlos Llampa y le pegó
una patada en los genitales a Petrona Martínez, quien perdió una uña al
protegerse con las manos", relatan los pobladores Quiso además pasar
con las topadoras por encima de las casas. En cada caso se han hecho las
denuncias policiales correspondientes. La comunidad de Liviara se opuso
en bloque al proyecto, por lo cual su presidente también fue denigrado
por la prensa jujeña. En otras localidades, vg. Doncella, departamento
de Cochinoca se hainiciado un juicio de desalojo a miembros de la comunidad
con carta documento, debido a que un sujeto se define como único dueño
de las tierras donde está asentada la comunidad. |
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Roles institucionales ante el proyecto minero Las situaciones límites manifiestan el verdadero
carácter de las personas y grupos. Existe en la Facultad de Ingeniería
Química de la Universidad Nacional de SSJ un equipo muy competente en
temas de química ambiental. Sin embargo, ante el pedido de colaboración
para el análisis de metales pesados, el Decano no lo autorizó excusándose
que para realizar ese tipo de trabajos sólo tenía facultad el Rector de
la Universidad Nacional de Jujuy La Jueza de Minas, que inicialmente se
mostró partidaria del diálogo con las comunidades afectadas, se alineó
posteriormente con el accionar del gobierno, por lo que cabe inferir que
cedió a las presiones. La prensa ha sido condicionada totalmente. Resulta
evidente de la lectura de unos 7 artículos publicados en el diario Pregón
entre el 5 de diciembre del 2002 y el 1 de marzo del 2003. Solo en el
primero se publican las expresiones directas de los pobladores que bajan
hasta SSJ para protestar. En los restantes solo se publican negociaciones,
explicaciones y versiones varias provenientes de la esfera oficial, que
niegan el problema de la contaminación química y denotan sobre todo preocupación
por asegurar las "inversiones" mineras. El obispado de Humahuaca apoyó en todo momento
y enérgicamente el reclamo de los pobladores, el derecho a sus tierras
y a manejo de sus recursos naturales. Luego de este artículo crítico,
el problema de Orosmayo y Liviara parece haber sido suprimido de la prensa. Situación actual |
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| Sobre este acuerdo caben dos comentarios: el
primero es que ha sido rechazado por la "apoderada" de la comunidad
(Nimia Apaza) y por el gobierno, quienes desconocen cualquier derecho de
las comunidades a tratar con las empresas.... parecería que "cualquier
apariencia de reconocimiento de la propiedad comunal de las tierras tiene
que ser suprimida". En segundo lugar, las bases de estas negociaciones
tienen que hacerse sobre un amplio conocimiento de los impactos y pasivos
ambientales de la actividad minera, tanto presentes, como futuros. En particular
no puede desconocerse el DAM (drenaje ácido de minas), que dura hasta muchos
siglos después de terminada la extracción minera; sus efectos son solubilizar
los metales pesados existentes naturalmente en las rocas, facilitando su
transporte a distancias considerables, a través de las aguas subterráneas
y superficiales. Una mirada rápida a los estudios de impacto y peritajes
judiciales realizados a lo largo del río Orosmayo muestra que lo expresado
ya está ocurriendo: existen varios sitios acidez muy alta (pH muy bajos,
cercanos a 2). Algunos de estos puntos corresponden a minas explotadas en
el pasado, por ejemplo, mina Pirquitas, ubicada en las cabeceras el río. Conclusiones |
Información correspondiente a la sección proyecto mina de oro en Esquel | ||
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| Hasta el momento parecen haber primado en Jujuy
proyectos mineros a pequeña escala, llevados a cabo por empresas nacionales
y más cercanos a la minería tradicional. Pero los mismos intereses que solo
consideran la variable económica en sus razonamientos, no dudarán en abrir
las puertas a empresas extranjeras y a la minería a gran escala, con explotaciones
a cielo abierto y uso masivo de tóxicos. Más allá de las promesas sobre
los cuidados ambientales que se formulen, el hecho es que ni la provincia
ni el estado argentino están en condiciones de controlar el cumplimiento
estricto de las leyes ambientales. La voladura y molienda masiva de rocas,
además de los impactos paisajísticos generará drenajes ácidos que durarán
por muchas generaciones. Es imprescindible que la justicia se expida sobre
el reciente amparo presentado, exigiendo al estado que cumpla con el Programa
de Tierras, que cese de inmediato la adjudicación privada de tierras en
territorios de las comunidades, y que no traten individualmente con esta
sino con sus autoridades, reconociendo así de hecho la propiedad colectiva
de las tierras. En tal sentido cabe recordar la reciente exhortación del
Secretario General de la UNESCO para que los gobiernos de América Latina
hagan realidad el cumplimiento de las leyes y acuerdos firmados sobre
los territorios y sobre los derechos de los pueblos originarios. No obstante el ocultamiento del tema desde las esferas gubernamentales, deben crearse las formas para que el tema sea objeto de debate público y se instale en la sociedad, en sus instituciones, en la Universidad, en escuelas, comenzado por tratar la problemática y la realidad indígena sin prejuicios de ninguna clase y con el respeto que merece todo ser humano. Sin duda una tarea no fácil, ya que para muchos (incluidos funcionarios públicos) "en Jujuy no existen indígenas". |
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| Los casos de Orosmayo, Andalgalá, Andacollo,
Esquel, etc. evidencian claramente los efectos del Plan Minero Nacional.
Plan que, alumbrado durante la pasada década de remate del patrimonio nacional,
está recibiendo actualmente continuidad legal y apoyo político. La minería
de metales (de roca dura, con uso de toxicos, a megaescala), que responde
a intereses oportunistas y a situaciones coyunturales del mercado internacional
no genera desarrollo ni fuentes de trabajo estables, sino que compromete
gravemente al ambiente, sus recursos naturales y su uso múltiple y sustentable
en el tiempo y por lo tanto es radicalmente insostenible. Sólo provocará
a la larga una mayor dependencia y empobrecimiento del pais, profundizando
además la fractura social originada por la aplicación ciega de modelos y
recetas que responden a intereses foráneos. |
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